Brasil: El juicio de Lula

El juicio de Lula

La Operación “Lava Jato” y la Justicia burguesa no tienen legitimidad, pero no perdonamos los crímenes del PT contra la clase trabajadora!

 Originalmente publicado en portugués el 26 de janeiro de 2018.

Los tres jueces que decidieron la condena de Lula en segunda instancia (foto de Sylvio Sirangelo)

 

Un llamamiento para ayudar a traducir artículos: este artículo fue traducido al español por hablantes no nativos y nos disculpamos por cualquier error ortográfico y otros errores que pueda contener. El Reagrupamiento Revolucionario tiene una perspectiva internacionalista y queremos que nuestra literatura política esté disponible en otros idiomas. Si desea ayudarnos en este objetivo internacionalista traduciendo nuestros artículos o brindando apoyo para mejorar nuestras traducciones, contáctenos en rr-4i@krutt.org. ¡Gracias!

El 24 de janeiro, Lula da Silva, presidente de Brasil de 2003 hacia 2010 y la principal figura pública del Partido de los Trabajadores (PT), fue condenado en secunda instancia por crimines de corrupción a una pena de 12 años y 1 mes de cárcel, poniendo en risco sus intenciones de candidatearse una vez más al cargo en las próximas elecciones, en octubre (las cuales mucho probablemente ganaría, de acuerdo con diferentes encuestas electorales). Ahora su destino depende de apelaciones a la Corte Suprema y la Corte Electoral Suprema. No obstante, según las leyes brasileras, él ya puede ser encarcelado [un pedido de Habeas Corpus fue negado por la Corte Suprema el 04 de abril y Lula se encuentra en la cárcel en ese momento – fines de abril de 2018].

Un partido de la clase trabajadora no puede jamás delegar a la policía o a la justicia de la burguesía la tarea de “limpiar la casa” contra los políticos y empresarios corruptos, pues es evidente que eso no acontecerá. La Operación “Lava Jato” ya demostró que no realizará una investigación realmente seria (“hasta el fin”) de la casta política o del medio empresarial. Los (selectivos) encarcelamientos y las denuncias en curso tienen por objetivo crear una falsa imagen de “lucha contra la corrupción”, además de estar siendo utilizadas por la clase dominante en contra sus adversarios políticos del momento. No será conducida “hasta el fin” porque los órganos del estado burgués no poden hacerlo – lo que significaría el estado volverse en contra de si mismo y en contra los poderosos que mantienen vínculos íntimos con los jefes de los tres poderes de la república.

No hay dudas acerca de la participación de los gobiernos del PT (Partido de los Trabajadores) en crímenes de corrupción. Eso era parte del juego político de aliarse al PMDB (Partido del Movimiento Democrático Brasileiro, uno de los más grandes partidos burgueses de Brasil y hoy en la Presidencia del país) y compañía.  Ni mismo el proprio PT niega eso, sus líderes niegan solamente que Lula tuvo envolvimiento directo. Pero los responsables por la investigación y condenación de Lula también deben ser denunciados, pues tratase de un juicio político claramente parcial, planeado de acuerdo con los intereses de algunos sectores de la burguesía.

La investigación del caso del apartamento “triplex” (que los jueces afirman que pertenece a Lula y se le dio como soborno) tiene varias irregularidades: se basa en delaciones y filtraciones selectivas, además de presentar indicios débiles, si se comparan con los de muchos otros casos demandando investigación que tienen desde ya pruebas contundentes y fueron ignorados – como de los senadores Aécio Neves, uno de los “hombres fuertes” del PSDB (el burgués Partido Socialdemócrata Brasileño), y Romero Jucá, un importante senador del PMDB. Las escuchas ilegales sobre los abogados de Lula, los cambios en el testimonio de testigos, que apuntan a un intento de incriminación, la celeridad del juicio (“inusual” es poco para describirla) muestran que ese no es un “juicio legítimo” dentro de los propios patrones de la justicia burguesa.

Está claro que la condena de Lula no es lo mismo que una casación del registro electoral del PT, pero es una forma para que una fracción de la burguesía se fortalezca, utilizando el poder judicial y la policía para dañar a su oponente electoral, el PT y sus aliados, en las próximas elecciones. Lula no es “uno de nosotros” y este no es un caso típico de presos políticos. Pero en el contexto reciente de un endurecimiento del régimen político brasileño, incluso si todavía está dentro de los límites formales de la “democracia burguesa”, se debe tener cuidado de no abrir precedentes.

Los socialistas no pueden exigir ni “celebrar” la condena de Lula, una vez que los que están detrás de ella se fortalecerán a través de ella, ¡y también son nuestros enemigos! Y esta es la misma razón por la cual este evento no puede ser ignorado. Es necesario, ante todo, denunciar la Operación “Lava Jato” y la justicia del estado burgués, que subvierten varias garantías constitucionales en la búsqueda de su venganza contra ciertos políticos, mientras protegen a los demás.

La principal tarea de los revolucionarios, sin embargo, no debería ser defender que Lula es “inocente”, sino agitar, mismo en ese momento, una denuncia entre la clase obrera de su gobierno y del papel del PT en restringir y traicionar las luchas proletarias, en la conducción de ataques contra nosotros (como la contrarreforma de la seguridad social realizada en 2003), en el mantenimiento de la política económica de favorecer a los bancos nacionales e imperialistas y grandes corporaciones, en la privatizaciones de empresas estatales, conciliación con los hombres fuertes de la política tradicional brasileña (muchos de los cuales los traicionaron durante el juicio político a Dilma) y demás. Las concesiones y mejoras sociales implementadas por el gobierno del PT (especialmente en los gobiernos de Lula) deben defenderse contra los recortes actuales y las contrarreformas. Pero no se debe perder de vista lo relativamente pequeños que ellos han sido frente a un orden social desigual que tales gobiernos han ayudado a mantener, bien como la continuidad del poder político en manos de la clase dominante.

El slogan “Por el derecho de Lula a ser candidato” (planteado por grupos que dicen ser socialistas) pone el foco en la arena electoral. Esta es una prioridad para el PT y sus aliados políticos, pero no para la clase trabajadora. No es como si su campaña (y las propias elecciones burguesas) fueran un “refugio” contra la ofensiva burguesa en curso, algo que tal candidatura realmente no es, especialmente frente a los acuerdos que ya hizo con los partidos políticos burgueses, y el hecho de que un nuevo gobierno del PT sería un gobierno burgués a favor de la austeridad. Por lo tanto, el enfoque no debería ser la cuestión de la candidatura de Lula, sino la denuncia de la Operación “Lava Jato” y del sistema de justicia burgués – al mismo tiempo en que se recuerda a la clase trabajadora el rol político del PT durante el período histórico reciente (un elemento a veces “olvidado” o secundado por muchos “socialistas”).

El juicio de Lula ocurrió en vísperas del voto de la “reforma de la seguridad social” (en realidad, una contrarreforma) y en medio de una oleada de ataques del estado capitalista contra los derechos de los trabajadores, en su afán de proporcionar condiciones para una mayor explotación laboral. Las federaciones sindicales alineadas con el PT han traicionado las luchas recientes, como cuando cancelaron el día de los paros programados para el 5 de diciembre de 2017. La lucha contra estas medidas de “austeridad” (contra los trabajadores) debería ser el enfoque de nuestras acciones, y la creación de un frente unido de los trabajadores para organizar acciones prácticas para derrotar estos ataques sería un paso fundamental.

 

La cuestión de la corrupción

Un sistema de justicia dirigido en interés de los trabajadores sería mucho más severo contra los crímenes de corrupción de la burguesía (tráfico de influencias, sobornos, apropiación indebida de dinero público, favoritismo ilícito de empresas etc.) que los órganos del estado capitalista. Y efectivamente podría aplicarse a todos los representantes de la clase dominante, sin ganar el aire de una “disputa de facciones”, como ocurre actualmente. En la situación actual, muchos políticos quedarán impunes y los empresarios habrán reducido las penas; otros representantes de la clase dominante se arrogarán como campeones de la moralidad y de la “lucha contra la corrupción”, para luego revelar sus propios planes y acciones criminales, como sucedió con Aécio Neves / PSDB el año pasado, con la filtración de un audio en que exigió el pago de sobornos.

Como primer paso para acabar con la corrupción que involucra a las empresas privadas y el estado, defendemos que las empresas involucradas en escándalos de corrupción sean expropiadas por la gente y gestionadas por los trabajadores, y que los políticos involucrados confisquen sus bienes y riquezas. Además, también exigimos el fin de todos los privilegios de políticos y jueces, y que sus salarios sean iguales al salario promedio de un trabajador. Estos serían principios elementales en un gobierno de clase trabajadora, que es el objetivo por el que luchamos. Los policías, los jueces y otros funcionarios estatales no deben sobrevolar a la gente. Aquellos que cometen crímenes deberían ser removidos de sus cargos por decisión de comisiones populares, elegidas por organizaciones de la clase trabajadora, encargadas de conducir investigaciones independientemente del estado y la influencia de los capitalistas.

Tampoco olvidemos que la policía y la justicia burguesas ignoran constantemente los derechos democráticos más básicos (como a través de los ataques al derecho de huelga y manifestación, las cárceles ilegales, la invasión de hogares en las favelas y las periferias, los homicidios encubiertos en el campo etc.). Esto muestra que de ninguna manera son “neutros”. Durante años, el propio PT fue no mínimo connivente con estos actos, e incluso fue el protagonista de algunos de ellos, como en el caso de la “Ley Antiterrorista”, hecha para beneficiar a la FIFA y otras empresas durante la realización del Mundial de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016. Las condiciones para la corrupción solo pueden terminar en una sociedad sin explotación, sin explotadores y sin desigualdad brutal, una sociedad radicalmente diferente a la actual, una sociedad que promueve racionalmente los intereses de la gran mayoría, una sociedad socialista.

Adenda (09/04/2018): Nos dimos cuenta de que en nuestra declaración sobre la condena de Lula por parte del tribunal TRF4, nuestra OPOSICIÓN al encarcelamiento de Lula (efectuada el 7 de abril) no estaba suficientemente clara. Sostenemos esta posición no porque creamos en su inocencia, sino por el carácter claro de persecución política de todo este proceso que culminó en su convicción, que incluía violaciones de la propia “normalidad burguesa”. Si no hubiera sido la propia confianza suicida de Lula y PT en las instituciones burguesas, su arresto podría haberse evitado a través de los métodos de lucha de clases, ya que es del interés objetivo de la clase obrera frenar esta ofensa judicial, por mucho que Lula y el PT hace tiempo se he convirtido en el “ala izquierda del partido del orden”.

Os comentários estão desativados.