¡No al franquismo “reformado”!

[Traducido de Workers Vanguard No. 161, 10 de junio de 1977. Esta versión fue impresa en Spartacist en español No. 5, octubre de 1977.]

6 DE JUNIO ― La semana próxima se llevarán a cabo las primeras elecciones parlamentarias en 41 años en España. Estas elecciones, que son cualesquier cosas menos libres, coronan la “Democracia Española” del primer ministro Adolfo Suárez. Intentando consolidar un régimen semibonapartista de “estado fuerte” con una fachada de democracia parlamentaria, las “reformas Suárez” espetan ganar la aceptación por parte de la “Europa democrática” del régimen postfranquista, y al mismo tiempo fomentar ilusiones democráticas entre las masas trabajadoras españolas que semana tras semana, durante los últimos 18 meses, han demostrado su odio al estado autocrático legado del “Caudillo.”

La legalización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y especialmente del Partido Comunista (PCE) ha contribuido, ciertamente a la deseada imagen gubernamental de democratizador de la incrustada estructura franquista. Al mismo tiempo, los ultras falangistas y sectores militares ultraconservadores presentaron fuerte resistencia contra esta medida crucial, la cual no se hubiera obtenido nunca a no ser por las huelgas y manifestaciones militantes de los trabajadores. Con un liderazgo proletario consecuente, esto habría servido para remecer el vagón del franquismo “reformado”, mediante un fuerte voto por los partidos obreros opositores al régimen. Pero lejos de desenmascarar los planes gubernamentales en su intento antidemocrático de apuntalar a la monarquía franquista, los dirigentes del PCE y del PSOE se han convertido en defensores acérrimos de Suárez.

Del “Bunker” al “eurocomunismo”

Suárez ha entrado a la campaña por las Cortes con la esperanza de construir un aparato político supuestamente del centro -en realidad, algo a la derecha de la Democracia Cristiana italiana o de los gaullistas franceses- que pueda contener las masas a través de una combinación de medidas policiales de mano fuerte, una retórica “democrática” y minireformas, mientras desmantela las arcaicas estructuras corporativas del orden franquista. Eligió como su vehículo electoral la Unión del Centro Democrático (UCD) fundada por los ex-ministros franquistas Areilza y Pío Cabanillas. En el tiempo transcurrido desde el anuncio de la candidatura de Suárez, estos dos han sido depuestos: el primero fuera de la UCD y el segundo a hacer campaña en la distante Galicia. Bajo Suárez, la UCD hace campaña para la Cortes proyectando una imagen que ha sido justamente apodada “eurofranquista.”

En tanto que Suárez trata de ocultar los orígenes franquistas de su gobierno, se ha visto desafiado por la Alianza Popular (AP) abiertamente franquista. Manuel Fraga Iribarne, ex-ministro del interior la formó al unirse con otros seis ex-ministros de la era franquista (cada uno con su partido político propio). Son llamados alternativamente “los siete magníficos” (por la extrema derecha) y los “sete jinetes del apocalipsis” por la izquierda). La AP ha atacado la legalización del PCE y otras concesiones similares, presentándose como los herederos de los “cuarenta años de paz franquista.”

Pero, aunque Fraga pueda tener mejor fundamento para reclamar las tradiciones azules, las fuerzas de Suárez no dejan de representar la faz del franquismo en estas elecciones. A pesar de su verborrea acerca de reformas democráticas, Suárez mantiene sus relaciones con el clerical-reaccionario Opus Dei, importantes industriales y representantes de los inversionistas extranjeros que constituyeron el esqueleto económico del régimen de Franco. Más aún, desde la ruptura con Fraga y la formación de la UCD, Suárez se ha concentrado en alistar a los funcionarios y jefes políticos de las administraciones locales, cuyo principal interés es gozar del respaldo del gobierno. Mientras en las ciudades principales el voto a la oposición será indudablemente alto, en el campo el mando franquista sigue intacto, con el dominio ininterrumpido de la Guardia Civil y los caciques locales. El New York Times (6 de junio de 1977) citaba a un residente de un pueblo en Badajoz, remarcando que luego de 40 años de dictadura, “hay miedo, hay miedo.”

De acuerdo con el esquema electoral actual, las zonas rurales tendrán hasta cuatro veces la representación de barrios con comparable número de habitantes ubicados en centros urbanos como Madrid. Por lo tanto, para que Suárez reciba una mayoría en las cortes, el caciquismo debe permanecer intacto. Poco se puede hablar de democracia, en tanto permanezca el privilegio establecido, la corrupción y las maquinaciones políticas que durante 40 años han sido inseparables del estado de terror policíaco de Franco.

La explosión vasca

Las reformas de Suárez tienen, ciertamente, muy poco peso en la región vasca (Euzkadi). El período electoral en esta región norteña llegó vestido en los mismos colores de antes: el gris sombrío de la policía armada y el verde olivo de la Guardia Civil. Las manifestaciones de masas exigiendo la amnistía y el levantamiento del estado de sitio policíaco han sido repetidamente atacadas por estos matones sangrientos de Suárez/Juan Carlos. Si esta represión feroz continúa, y quizás se intensifique con los desmanes de la policía especial, el rey “democrático” y su primer ministro “eurofranquista” se podrían ver enfrentados con un sólido boicot electoral vasco.

El terror policiaco omnipresente no ha conseguido disminuir el sentimiento abrumador de solidaridad y oposición al gobierno que ha arrastrado al País Vasco durante la primavera. En abril, el gobierno prohibió toda celebración del día nacional vasco, Aberri Eguna. Los manifestantes que se reunieron en la ciudad de Vitoria (sitio de la matanza de 1976) desafiando la prohibición fueron enfrentados por una fuerza de ocupación de 5.000 guardias civiles que llenaron la plaza central con humo y gases lacrimógenos, atacando luego viciosamente a cualquier civil que encontraron en las calles. A pesar de las balas de goma y el cañón de agua de la brigada antidisturbios, se construyeron barricadas y las manifestaciones persistieron.

En el curso de sólo cuatro días del mes pasado, cinco manifestantes vascos fueron muertos por balas policiales y más de 50 fueron heridos. Una ola huelguística masiva se desató en respuesta, culminando en una huelga general abarcando a 600.000 trabajadores, el 16 de mayo. Más aún, un ex-alcalde franquista de Bilbao y amigo personal de Juan Carlos, Javier de Yberra y Bergé, fue secuestrado -probablemente por nacionalistas de la ETA- como rehén para obtener la libertad de prisioneros políticos vascos. Cuando el período electoral estaba por abrirse el 24 de mayo, varias organizaciones políticas vascas -de izquierda y nacionalistas- anunciaron sus intenciones de boicotear los comicios, a menos que se pusiera alto al terror policíaco y fueran liberados el resto de los prisioneros políticos.

Con la esperanza de salvar las elecciones, el gobierno ha cedido, y ha liberado, hasta la fecha, a la mayoría abrumadora de los prisioneros políticos. Más aún, se han tomado medidas para que los acusados de “crímenes de sangre” -en su mayoría separatistas vascos- sean enviados al exilio. Entre aquellos enviados al extranjero están los cinco acusados del infame consejo de guerra de Burgos de 1970. Al momento de escribir este artículo, el número de prisioneros políticos vascos restantes, y el impacto del programa de deportaciones del gobierno sobre la posibilidad de un boicot electoral en la región, todavía no está claro.

Democracia y dictadura

Debido a la situación claramente prerrevolucionaria en España, la actividad política se está extendiendo a regiones y sectores de la población anteriormente pasivos. Las huelgas -las cuales, como Trotsky anotó en los años treinta, son la forma elemental del incipiente despertar político del proletariado- han aumentado enormemente. La actividad huelguística del año pasado -ilegal en su totalidad- fue mayor que aquella de los últimos diez años juntos. Aun la nueva planta Ford en Valencia, con su mano de obra cuidadosamente elegida, se ha visto obligada a recurrir a un cierre patronal de sus 7.000 trabajadores como respuesta a la continua agitación laboral. En el campo, los trabajadores agrícolas andaluces que desde la Guerra Civil se habían sometido a los caciques y a la Guardia Civil, organizaron una huelga de protesta contra la política económica del gobierno durante la primavera.

Sin embargo, la mayoría de las manifestaciones de masas han sido políticas. Como Trotsky observó con respecto a Italia bajo Mussolini en 1930:

“Si la crisis revolucionaria fuera a estallar… las mases de trabajadores, tanto obreros como campesinos, seguramente pondrían a continuación de sus demandas económicas, consignas democráticas (tales como libertad de reunión, de prensa, de organización sindical, representación democrática en el parlamento y en las municipalidades).”

― “Problemas de la Revolución Italiana”

Los marxistas no se quedan al margen de estas luchas, sino defienden activamente las demandas democráticas de las masas trabajadoras. Repetidamente hemos llamado por la abolición de los aparates represivos especiales del franquismo ― la Guardia Civil, la brigada antidisturbios, la policía armada, el Tribunal del Orden Público, la Brigada Político-Social, etc. Hemos exigido la libertad inmediata de todas las víctimas de la represión franquista reaccionaria. El pueblo español debe tener derecho de reunión y expresión libres, se le debe poner fin a la censura; la clase obrera debe arrancar las libertades sindicales  plenas y la abolición final del CNS (“sindicato” vertical franquista).

Una demanda democrática crucial hoy día en España, es el reconocimiento del derecho de la autodeterminación nacional de las nacionalidades oprimidas en España, especialmente los vascos y los catalanes. Exigimos el cese de las prohibiciones de partidos políticos por parte del gobierno, y el derecho de todos los partidos políticos a participar en las elecciones.

Como marxistas, hacemos notar que estas demandas democráticas no serán ganadas en conversaciones corteses con los dinosaurios franquistas en sus adornados salones estatales, sino mediante las luchas encarnizadas de la clase  obrera en las calles y fábricas. Así pues llamamos por la transformación de las jornadas de luchas esporádicas en una huelga general ilimitada para ganar las libertades democráticas, por las cuales el pueblo español ha luchado fervientemente; y por la construcción mediante tal huelga, de consejos obreros (soviets) que puedan unir las fuerzas del proletariado a fin de derribar el régimen franquista, reemplazándolo con un gobierno obrero, único capaz de garantizar dichos derechos a los explotados y oprimidos.

Pero, al mismo tiempo nos enfrentamos con una amenaza inmediata a la obtención de la democracia más completa para el pueblo trabajador, constituida por los intentos de los partidos burgueses y sus miserables colaboradores en el movimiento obrero, de “negociar” una reforma del franquismo. En tanto el aparato estatal permanezca intacto con las mismas fuerzas represivas y los mismos políticos autocráticos -aun cuando ligeramente disfrazados con vestiduras “democráticas”- el franquismo “reformado” servirá únicamente para prolongar el “estado fuerte” que ha oprimido a la totalidad del pueblo español durante los últimos 40 años. La demanda “¡No al franquismo “reformado” ― por una asamblea constituyente democrática elegida por sufragio universal!” puede alinear grandes sectores de la pequeña burguesía tras la dirección de la clase obrera, así como también revelaría la naturaleza de las negociaciones traidoras de los demócratas burgueses y los reformistas, dispuestos a conservar una buena parte del aparato bonapartista, por miedo a las consecuencias de un levantamiento verdaderamente revolucionario.

Las elecciones franquistas no introducen un período de democracia burguesa en España. No sólo es el mecanismo electoral evidentemente antidemocrático (por ejemplo, el peso desproporcionado de las diferentes regiones), sino que además las Cortes se basan en la aceptación de la monarquía, el ejército y “la inviolabilidad del estado español.” El rey se reserva el derecho a nombrar hasta el 20 por ciento de ambas cámaras de las Cortes. El primer ministro es nombrado por el monarca y luego nombra al consejo de ministros ― que tiene el derecho de promulgar los decretos-leyes.

Todavía hay 67 partidos ilegales, a los cuales se les niega la participación en las elecciones. Estos abarcan desde los carlistas (los otros pretendientes a la corona, quienes lucharon al lado de Franco durante la Guerra Civil, pero hoy día se reclaman de un socialismo “autogestionario”) hasta los partidos de la “extrema izquierda.” (Varios candidatos de la “extrema izquierda,” no obstante, están presentándose a las elecciones cómo independientes.) El gobierno restringe, además, el acceso a la prensa y puede determinar, a través de los bancos, los fondos disponibles para la campaña de cada partido.

Las elecciones no representan, entonces, un canal democrático para la expresión y ejecución de la voluntad política del pueblo español. Un partido revolucionario de masas buscaría acabar con esta abominación de seudoparlamento, luchando por una asamblea constituyente plenamente democrática. En el caso necesario y si el sentimiento popular fuera tal como para asegurar un gran impacto, los comunistas llamaríamos por un boicot activo de elecciones como las del 15 de junio.

La dirección reformista actual, sin embargo, ha asegurado que, en la ausencia de cambios drásticos en la situación política y con la posible excepción del País Vasco, las masas trabajadoras votarán en las elecciones franquistas. El llamar a la abstención por parte de un pequeño grupo propagandístico trotskista sería un ejercicio inútil de autoaislacionismo. Si los revolucionarios no son lo suficientemente fuertes como para prevenir el llevar a cabo estas elecciones manipuladas, o por lo menos despojarlas de cualquier significado posible, deben entonces usarlas como tribuna de propaganda.

“Platajunta” y las elecciones

A lo largo de la situación prerrevolucionaria en España, el PCE y el PSOE han demostrado ampliamente su compromiso fundamental con la política de colaboración de clases. Ambos formaron alianzas frentepopulistas con fuerzas burguesas abarcando desde nacionalistas y demócratas cristianos (incluyendo al carnicero de la insurrección minera en Asturias en 1934: José María Gil Robles) hasta los monarquitas carlistas y elementos ligados a los Borbón. Para el PCE ella fue la Junta Democrática, y para el PSOE la Plataforma de Convergencia Democrática.

Durante la campaña por su legalización, ninguno de los dos partidos intentó movilizar al proletariado con el fin de extraer derechos democráticos del estado franquista: por el contrario, ambos buscaron organizar formaciones frentepopulistas cada vez mayores. En marzo de 1976 la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia Democrática se unieron para formar Coordinación Democrática, mejor conocida como la “Platajunta”. En este organismo cumbre se encontraban las tres federaciones sindicales importantes, las organizaciones maoístas-sindicalistas, nacionalistas de todo pelaje, fuerzas burguesas y por supuesto, los socialistas de la corona (los carlistas). Lo que une a estas fuerzas dispares es un compromiso común a mantener el dominio de la clase burguesa en la España postfranquista, y a la “negociación” por la “democracia” con los herederos del Caudillo. La “Platajunta” alcanzó su culminación política en enero luego de la liberación de Santiago Carrillo cuando la “Comisión de los 10” fue llamada para discusiones conjuntas con Suárez acerca de la aplicación de la “democracia” franquista.

Desde entonces, y particularmente luego de la legalización de 156 asociaciones políticas, Coordinación Democrática ha caído en desuso. Con la excepción del frente popular autóctono de Cataluña, la Assemblea de Catalunya, los partidos legalizados han llevado a cabo campañas electorales formalmente independientes pero explícitamente dedicadas a la continuación de la colaboración de clases.

Luego de una pizca de bravatas izquierdistas momentáneas, cuando el ala “histórica” rival de la socialdemocracia fue legalizada, el PSOE se ha contentado con maniobrar entre los franquistas. En una reunión pública reciente en honor de François Mitterrand y Mario Soares, el dirigente del PSOE Felipe González compartió la plataforma con el dirigente depuesto de la UCD y exministro de relaciones exteriores Areilza. Insistentemente se repiten los rumores de una coalición Suárez-González de “centro-izquierda” si la AP logra impedirle a Suárez el ganar una mayoría “del centro” en las Cortes.

De la traición a la claudicación abierta

Más dramática ha sido la capitulación y prostración abierta del Partido Comunista a los pies de los franquistas. Durante los últimos dos años, desde las manifestaciones masivas cuando la muerte de Franco y la ejecución de los cinco prisioneros nacionalistas vascos, hemos denunciado la política del PCE de contener toda lucha popular en su búsqueda de la “respetabilidad” burguesa. El PCE ha boicoteado y traicionado repetidamente sus propias manifestaciones a fin de agradar al gobierno actual.

Primero hubo el frustrado “otoño caliente” de la lucha de clases en octubre-noviembre de 1976: esto terminó en nada cuando el PCE no movilizó ni siquiera a los trabajadores bajo su dirección para su propia huelga general en noviembre. Luego del asesinato de cinco simpatizantes comunistas por pistoleros fascistas en enero, ocurrido en el local de Comisiones Obreras (sindicatos dominados por el PCE) situado en la calle Atocha de Madrid, el PCE aprovechó la ocasión para cerrar filas tras Suárez. En tanto, cientos de miles de trabajadores ocupaban las calles de Madrid y Barcelona, y el PCE intentaba sabotear la protesta e incluso firmó una declaración conjunta con Suárez, el PSOE y otros representantes de la “Platajunta”, predicando la “serenidad” frente a los ataques fascistas. El dirigente del PCE Simón Sánchez Montero trató de probar la responsabilidad de su partido gritando “¡Viva España!” en un salón lleno de periodistas asombrados.

El PCE de nuevo se rehusó a movilizar al proletariado en apoyo de las manifestaciones por el 1º de Mayo que él mismo había convocado. Además, cuando el partido fue legalizado el 10 de abril, aun cuando los miembros habían preparado una caravana de automóviles y una concentración de masas para celebrar el evento, todas las manifestaciones fueron canceladas. Como en el caso de las protestas luego de los asesinatos en Atocha, la excusa fue la amenaza de un golpe de estado militar. Frente a este peligro Santiago Carrillo dio la respuesta reformista clásica: no hacer nada, no molestar a la derecha. Su labor de desmovilización de los trabajadores continúa.

Pero la traición dramática más reciente ocurrió en respuesta a la huelga general vasca del 16 de mayo. En Madrid decenas de miles de obreros atendieron la llamada por la solidaridad con la manifestación vasca contra el gobierno. Sin embargo, esta vez el PCE abiertamente se rehusó a apoyar ninguna huelga de solidaridad y más bien instó a los vascos a regresar al trabajo a fin de no “poner en peligro las elecciones.” Los máximos dirigentes de las CC.OO. llamaron a los trabajadores vascos a “no agravar más la situación en España.” Mientras miles de policías antidisturbios y guardias civiles descargaban balas sobre las masas de manifestaciones y daban órdenes de “¡Tirad a matar!”, los dirigentes del PCE y las Comisiones Obreras se preocupaban tan sólo de que “las elecciones se desarrollaran lo más libremente posible en un clima de paz” (Le Monde, 18 de mayo).

El rompimiento de huelgas en el servicio de Suarez no ha sido el único ejemplo de la traición del PCE. En beneficio de su nueva imagen “democrática” el PCE ha eliminado ciertos gravámenes del pasado. Entre ellos están (por supuesto) cualquier referencia a la dictadura del proletariado y ahora incluso el saludo de puño cerrado (el cual, según Carrillo, recuerda demasiado a la Guerra Civil). En su lugar, el partido ha aceptado la bandera monarquita rojo-amarilla -que los republicanos llaman la bandera de “sangre y oro”- como “la suya” y la de “todos los españoles.”

También ha sido eliminada cualquier oposición a la monarquía franquista. Ahora el comité central del PCE declara “si la monarquía continúa su avance en el camino del restablecimiento de la libertad y la democracia, los comunistas sentados en las próximas Cortes podrán considerar la corona como el régimen constitucional” (Rouge, 18 de abril de 1977).

Eliminada también está la oposición a las bases americanas en España y a la OTAN, así como la oposición a la entrada en el Mercado Común. En su lugar, Carrillo se imagina la cabeza del principal partido “eurocomunista” proimperialista ― partido que hizo constar sus agradecimientos a Jimmy Carter por ser legalizado.

Ahora ya no hay ni siquiera vestigios de oposición a Suárez y Juan Carlos por parte del PCE. El New York Times (17 de mayo) comentaba:

“Curiosamente, uno de los aliados tácticos más fuertes del Sr. Suárez es Santiago Carrillo, el secretario general del Partido Comunista, de 62 años de edad. Agradecido al primer ministro por legalizar su partido, el veterano político fustiga regularmente a la Alianza Popular.”

Para disipar la última pizca de “curiosidad”, Carrillo en una conferencia de prensa dijo: “No sólo no soy neutral con respecto a Suárez, sino que soy pro-Suárez.”

Oposición condicional al PCE y PSOE

Faltándole la fuerza para boicotear y aplastar las elecciones franquistas mediante poderosas luchas de clases, un grupo trotskista de propaganda en España trataría de librar una batalla contra el franquismo “reformado” lanzando candidatos propios o, si ello no fuera posible, dando apoyo crítico a candidatos de otro partido obrero. Sin embargo, las candidaturas del PSOE y del PCE son la continuación directa de la política frentepopulista que preparó el camino para la toma de poder de Franco. Los marxistas defienden el principio de la independencia de clase del proletariado y por lo tanto no pueden dar apoyo electoral a partidos envueltos en alianzas frentepopulistas. La caída en desuso de Coordinación Democrática durante el período electoral no cambia el carácter fundamental de las listas del PCE y el PSOE.

En 1975, la tendencia espartaquista internacional se rehusó a dar apoyo crítico al Partido Comunista Portugués, tanto por sus alianzas colaboracionistas de clases y por su apoyo explícito al dominio bonapartista por el MFA del aparato estatal. En Portugal, como hoy día en España, no sólo la independencia organizativa, sino también una campaña dirigida contra el gobierno en ejercicio debe ser un requisito para el apoyo crítico electoral.

Como resultado de las coaliciones frentepopulistas (aunque esporádicas) y del apoyo al gobierno franquista por parte del PCE y el PSOE, los marxistas deben permanecer en oposición condicional a ambos partidos reformistas. Llamamos a las filas proletarias de estos partidos a forzar a sus dirigentes a romper con sus aliados frentepopulistas burgueses y particularmente a romper con el gobierno Suárez como condición para cualquier apoyo electoral.

Elecciones en Euzkadi

Las elecciones del 15 de junio además de todas sus otras limitaciones e inconvenientes, no están siendo llevadas a cabo en condiciones de democracia burguesa. En respuesta a las manifestaciones y movilizaciones de masas, las odiadas escuadras de las policías especiales han desatado un terror equiparable a aquél bajo el mismo Franco. En aquellas zonas donde el nivel de terror oficial es tan intenso como para prevenir cualquier aproximación a elecciones libres, o donde partidos representando una proporción sustancial de la clase obrera son ilegales, las elecciones pueden tomar el carácter de un plebiscito franquista. Los trotskistas, en dichas condiciones, se unirían con las masas de los trabajadores en un boicot activo de las elecciones fraudulentas. Este puede ser el rumbo de los eventos en el país vasco y quizás también en las Canarias.

No tiene sentido llamar a un boicot a menos que haya una posibilidad real de éxito. Sin embargo, en Euzkadi bajo los peores ataques policiales vistos en años, el pueblo vasco se ha mantenido y defendido. Pueblo tras pueblo fue sobrepasado por invasiones policiales. Manifestaciones pacíficas fueron reprimidas con balas de goma primero y munición real luego. Pero la resolución a luchar no ha disminuido. EI mes pasado se levantaron barricadas en Vitoria, Rentería, San Sebastián y Bilbao. Las huelgas continúan hasta la fecha.

Como fue admitido por un político burgués importante: “aquí en Euzkadi no estamos en una atmósfera electoral. Aquellos que voten lo harán en un estado de miedo” (New York Times, 21 de mayo). Aun cuando muchos militantes vascos han sido liberados, parece que hay todavía bastantes encarcelados y que los partidos más importantes de la región todavía planean boicotear los comicios.

Un boicot efectivo de las elecciones en Euzkadi podría debilitar significativamente las pretensiones democráticas de Suárez y Juan Carlos. Las súplicas traidoras de los estalinistas y socialdemócratas por elecciones pacíficas para producir otras Cortes franquistas (pero con su participación) deben ser combatidas. Las masas trabajadoras deben ser movilizadas para demandar una asamblea constituyente genuinamente democrática y la abolición de la legislación antidemocrática y de los órganos represivos especiales del régimen franquista. A través de la movilización de la clase obrera, como en Euskadi, pueden ser sentadas las bases para la formación de los soviets y consejos obreros a escala regional y nacional. Sólo la democracia del poder soviético enterrará finalmente al reino del terror franquista y liberará al proletariado de dos generaciones de opresión brutal.

― ¡No al franquismo “reformado”! ¡Abajo la monarquía franquista! ¡Por una asamblea constituyente democráticamente elegida!

― ¡Ningún voto a los partidos del frente popular! ¡PCE y PSOE, romped con Coordinación Democrática y el régimen franquista!

― ¡Por un partido trotskista en España, sección de una Cuarta Internacional reforjada!

― ¡Por una república obrera en España! ¡Adelante hacia los Estados Unidos Socialistas de Europa!