Venezuela en llamas

La crisis del chavismo, la oposición derechista-imperialista y la necesidad de una salida socialista revolucionaria

Marcio Torres, originalmente publicado en portugués en  julio-agosto del 2017

Durante la última década, Venezuela atrajo la atención – y la admiración – de parte significativa de la izquierda, que se animó con la retórica socialista de Hugo Chávez y con su proyecto “bolivariano” de transformación del país, que despertó la furia de sectores de la burguesía nativa y del imperialismo estadounidense. Desde la muerte de Chávez, en marzo del año 2013, y la elección de su entonces vice para el cargo de presidente, en abril siguiente, el país ha pasado por un deterioro económico y una creciente crisis política, que en el presente año asumió aires explosivos. ¿Qué fue el chavismo y realmente a qué aspiraba el proyecto bolivariano? ¿Venezuela está en transición para un “socialismo del siglo XXI”? ¿Qué ocurre en este momento y cómo ha reaccionado la izquierda socialista? Estas son algunas de las cuestiones que en seguida, pretendemos abordar.

Del caracazo al chavismo

La historia del chavismo comienza con el colapso del régimen conocido como democracia puntofijista, a través de la insurrección de las masas populares y de intensa agitación proletaria, al final de los años 1980 y comienzo de los años 1990. Como describe el historiador Manuel Caballero (La crisis de la Venezuela contemporánea, Caracas, Monte Ávila, 1999), la llamada democracia puntofijista, o IV República, fue un régimen instaurado en 1958, después de gobiernos encabezados por militares nacionalistas – los cuales, a la altura de las elecciones de 1958, ya se encontraban completamente en el bolsillo de las petrolíferas imperialistas. Fue fruto de un acuerdo firmado entre la Unión Republicana Democrática, el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) y la Acción Democrática (AD), para composición de un gobierno unitario independientemente de quien venciera las elecciones de aquel año – el “Pacto de Punto Fijo”. A lo largo de las décadas siguientes, el régimen nacido de ese pacto asumió la forma de alternancia de poder entre la AD y COPEI, lo que se conoció como “sistema de los dos partidos”. Además de la alternancia AD-COPEI, este régimen se sustentaba en el control por la AD de la Confederación de los Trabajadores de Venezuela, en la existencia de cargos vitalicios en el parlamento y en el voto limitado, además del apoyo de las fuerzas armadas (“unión cívico-militar”).

Pero el factor más importante que mantuvo este régimen en pié fue la adopción de una política de redistribución de renta por parte del Estado, utilizando la renta petrolera, obtenida a través de una política conocida como “régimen público propietario”, en el cual el subsuelo del país y sus riquezas naturales se transformaron en propriedad pública y su explotación generaba suntuosa recaudación en la forma de impuestos y tributos de las empresas petrolíferas imperialistas (principalmente de los EEUU) actuando en el país.

Con el boom del petróleo a mediados de los años 1970, el gobierno, encabezado por Carlos Andrés Pérez (AD) llegó a crear una empresa estatal para participar directamente de la explotación del suelo, la PDVSA. Sin embargo, en la década siguiente, con la caída de los precios del petróleo y el giro neo-liberal internacional, el Estado venezolano vio caer su recaudación considerablemente, y el sucesor de Pérez dio inicio a una política bautizada de “abertura petrolera”, que significaba dar autonomía a la PDVSA para que funcionara cada vez más como una empresa privada. Habiendo asumido en 1989 para un segundo mandato, Pérez profundizó esta política, a través de lo que llamó de “internacionalización petrolera”, que básicamente significaba privatizar la PDVSA, entregándola a petrolíferas imperialistas. Al mismo tiempo, a pesar de haber sido electo prometiendo suspender las políticas de austeridad de su antecesor, Pérez firmó nuevos acuerdos con el FMI y el Banco Mundial, para préstamos que tendrían como contraparte apriete salarial sobre los trabajadores y cortes sobre los programas distributivos.

El 27 de febrero, la rabia popular contra esas medidas asumió una forma de insurrección, después del aumento en el precio del transporte público, derivado de un reajuste del precio de la gasolina. Caracas rápidamente se convirtió en un campo de batalla, con masas populares tomando las calles para quemar ómnibuses, realizar saqueos de alimentos y montar barricadas por todos lados. La revuelta popular, que se hizo conocida como caracazo, se expandió para otras ciudades y duró hasta el 8 de marzo, transformándose en una insurrección de ámbito nacional. Acosado, Pérez reaccionó decretando estado de sitio y poniendo al ejército en las calles con orden de suprimir violentamente el levante. Hasta hoy se debate el número de muertes causadas por la acción del ejército, pero se estima que haya sido alrededor de monstruosos 5 mil. Aun así, a pesar de la brutal represión, fueron muchos los casos de fisuras en la oficialidad y de muestras de fraternidad entre soldados y la población insurrecta.

En este contexto ocurrieron dos tentativas de golpe contra Pérez, en 1992. La primera fue realizada por parte de un sector de las fuerzas armadas, el Movimiento Revolucionario Bolivariano 200 (MRB-200), liderado por el entonces teniente-coronel Hugo Chávez, y compuesto por oficiales nacionalistas, descontentos con las políticas de violación de la soberanía nacional que venían siendo adoptadas bajo las gestiones neo-liberales y, principalmente, con el uso del ejército contra los civiles insurrectos durante el caracazo. A pesar de que el golpe haya fracasado, en gran parte por no haber tenido relación con cualquier sector civil (los partidos burgueses cerraron filas en defensa de Pérez), Chávez realizó un pronunciamiento en la televisión antes de rendirse, cosa que lo proyectó como la principal figura de oposición a las impopulares políticas neo-liberales. Otro golpe fue intentado en noviembre, esta vez por oficiales de la aeronáutica que mantuvieron contacto con Chávez, pero también fracasó, aunque haya movilizado más militares y demandado más vigor del gobierno y sus aliados para ser debelado.

Por más que haya permanecido en el gobierno después del caracazo y los golpes de 1992, Pérez tuvo que lidiar con una onda de huelgas hasta entonces jamás vista en el país, de forma que se hizo insostenible para la burguesía, poder mantenerlo en el poder por lo que él acabó siendo removido de la presidencia en marzo de 1993 por la Corte Suprema, bajo alegatos de corrupción (que generaron una fuerte onda de protestas). Como apunta Caballero, la situación política era tan inestable que, si el gobierno interino de Ramón Velásquez, que siguió la remoción de Pérez, no fue derrumbado, fue porque no había unidad entre los varios conspiradores potenciales, lo que llevó a la convocación de nuevas elecciones para aquel año.

Las elecciones de 1993 fueron el comienzo del fin de la democracia puntofijista, pues, a pesar que el victorioso Rafael Caldera sea uno de los cuadros fundadores de la COPEI, él se eligiera a través de la recién fundada disidencia, Convergencia, rompiendo con la lógica del “sistema de los dos partidos”. Además, aquellas elecciones tuvieron un porcentaje hasta entonces inédito de abstención, mostrando la desconfianza de la población votante ante el régimen carcomido. La gestión de Caldera, aunque presentándose como algo “nuevo”, no fue capaz de traer estabilidad al país, pues dio proseguimiento y hasta profundizó las políticas neo-liberales de austeridad de las gestiones anteriores, como cuando confirió un suntuoso aporte gubernamental al sistema bancario, bajo el pretexto de impedir su falencia. Una nueva gran ola de insatisfacción popular emergió en todo el país, expresándose en masivas protestas en la calle (en promedio, más de 2 por día hasta el 2005) y numerosas huelgas.

Como resalta el historiador Danilo Caruso (Descifrando la Revolución Bolivariana. Estado y lucha de clases en la Venezuela contemporánea, 2017), el fin de la democracia puntofijista está directamente relacionada a una verdadera crisis de hegemonía burguesa, abierta con el caracazo, y que impidió a la burguesía nativa e imperialista de establecer un gobierno estable y encaminar sus proyectos de austeridad y privatización de la PDVSA a lo largo de los años siguientes. Además de la insurrección de 1989 y de las referidas olas de huelgas y protestas que tuvieron lugar a lo largo de los años 1989-2002, también en este período se dispersaron por Venezuela diversos organismos populares de gestión, especialmente en los barrios más pobres y comunidades carentes de las grandes ciudades, los cuales cuidaban de cuestiones que el Estado burgués nunca resolvió en esas regiones, como la distribución de agua, saneamiento básico etc. Efectivamente, el poder se desvanecía entre los dedos de la burguesía y se abría una crisis revolucionaria, en la cual había una posibilidad palpable para que la clase trabajadora emergiera como una alternativa de poder.

Es en este cuadro que ocurrió la amnistía concedida por Caldera a los miembros del MBR-200, en 1994, y también la realización de una reforma del trabajo por parte de Pérez, en la secuencia del caracazo, en 1990, que resultó en una serie de conquistas para los trabajadores, como la reducción de la jornada de trabajo, el aumento de los pagos por hora extra, adicional nocturno y participación en los lucros, la ampliación del derecho de vacaciones y la prohibición de los acuerdos colectivos. Esos derechos conquistadas y arrancadas a la burguesía por las intensas movilizaciones proletarias, aunque la central patronal, Fedecámaras, haya actuado en el sentido de tornarse parte de la nueva legislación mera formalidad, al no ser reglamentada para la aplicación, y la burocracia dirigente de la CTV, unida a la AD, haber mantenido una postura pasiva ante esa maniobra. Y es también en ese cuadro que se debe entender el proyecto bolivariano, especialmente su posterior transmutación en el “socialismo del siglo XXI”.

Bolivarianismo y socialismo del siglo XXI

Amnistiado en 1994, Chávez transformó el MBR-200 en partido en 1997, después de algunos años de discusión interna sobre si valía la pena o no participar en el juego de cartas marcadas de la democracia puntofijista. Él logró elegirse presidente en el año siguiente, por el recién fundado Movimiento V República (MVR), obteniendo 56% de los votos, a través de la coligación “Polo Patriótico”. A pesar del poco margen de ventaja, Chávez tuvo como primera medida relevante la convocación de una Asamblea Constituyente, que recibió apoyo de más de 80% de la población en el plebiscito que la convocó y en la cual el Polo Patriótico conquistó 121 de los 131 asientos. De esa forma, tuvo fin la llamada IV República y comenzó un nuevo ciclo político en Venezuela.

Según Caruso, el MRB-200 se presentaba como heredero de una mezcla de referencias del pasado político venezolano y latino-americano. Reivindicando las ideas de Simón Bolívar, el grupo ansiaba una Venezuela soberana, sin la constante interferencia de los intereses de las petrolíferas imperialistas en la vida política y económica del país, las cuales controlaban el principal recurso natural venezolano y corrompían a cualquier un que estuviese en el poder, como forma de garantizar la manutención del status quo. En vez de la sumisión a esos intereses, el MBR-200 defendía un “desarrollo endógeno”, que rescatara el dominio estatal sobre el petróleo y utilizase los recursos de la renta petrolera para diversificar la economía nativa – algo que muchas veces fue descrito como “nacionalismo petrolero”. A eso se sumaba también las ideas de Bolívar sobre democracia participativa (“protagónica”), en el sentido de haber canales de participación directa de la población en la gestión del país y de sus recursos. Esas propuestas el MBR-200 las presentaba como parte de una “revolución política”, que fundaría una nueva, V República – algo bastante apelativo, en un país que apenas en 1958 conoció una experiencia democrático-burguesa que no fuese directamente tutelada por las fuerzas armadas y que, todavía así, era bastante restricta y altamente blindada a las masas populares.

A pesar de ese nacionalismo pro-democracia participativa claramente no transcender el terreno del capitalismo y de los intereses burgueses, al no pautar la cuestión de la propiedad privada de los medios de producción, la situación económica de Venezuela, altamente centrada en la explotación y exportación de petróleo, convertía esas propuestas en partes incompatibles con poderosos sectores de la burguesía nativa e imperialista. Conforme destaca Gilberto Maringoni (“Venezuela, Turbulencia de una Economía Petrolera”, en Las Revoluciones en América Latina Contemporánea, 2016), la exportación de petróleo es responsable por más de 90% del PIB venezolano – porcentaje que aumentó durante la gestión de Chávez.

Esta profunda dependencia de la economía venezolana en la exportación de commodities, en particular el petróleo, Maringoni, tal cual como otros analistas, la caracteriza como la “enfermedad holandesa”, en comparación con la situación que pasó Holanda en la década de 1960, después del descubrimiento de masivas reservas de gas natural. La “enfermedad holandesa” consiste en que al mismo tiempo en que los rendimientos internos crecen a punto de producir suntuosos superávit y dar margen, así, las políticas sociales y las acciones distributivas que utilicen el fondo público, la dependencia en la exportación de un único tipo de producto y sus derivados hace que haya una enorme presión de los capitales ligados a tales sectores para que la moneda nacional se valorice en relación al dólar, de forma que la exportación de productos industrializados es perjudicada, bien como la propia industria local, dada la posibilidad de importar bienes de consumo a precios bajos.

En otras palabras, en Venezuela, el Estado es el intermediario entre el capital extranjero petrolífero y las reservas naturales del país, además de intermediario (vía políticas de redistribución de la renta petrolera) de la burguesía nativa. Luego, alterar las estructuras decisorias del Estado ponía al MBR-200 / MVR en ruta de colisión con esos sectores. Pues alterar los mecanismos de control de la política y desear alterar la política económica significaba tocar en el amago de la reproducción capitalista venezolana, centrada, de la parte de la burguesía nativa, en las disputas alrededor del uso de la renta petrolera captada por el Estado y, de la parte de la burguesía imperialista, en el acceso a las reservas petrolíferas.

Aún así, la burguesía no reaccionó de inmediato cuando se da la promulgación de la “Constitución Bolivariana”, con sus varios mecanismos de democracia participativa y retórica soberanista y pro igualdad social. En el primer momento, repitiendo la táctica usada en la reforma laboral, actuó en el sentido de garantizar que la mayoría de las nuevas leyes siguieran sin reglamentación y, por lo tanto, no pasase de letra muerta. Esa postura más “pasiva” se explica en parte por la continuación de la fuerte movilización social en el país, con sectores expresivos del movimiento operario demandando la realización de una “constituyente laboral”, para rever la estructura sindical del país – y ocupando, al final del año 2001 e inicio del 2002, las sedes de la central sindical CTV para imponer esa revisión – y sectores estudiantiles ocupando universidades, en la misma época, en defensa de la realización de una “constituyente estudiantil”, para rever el sistema de educación. En eso la burguesía fue ayudada por sectores del propio Polo Patriótico, ligados a la administración estatal y temerosos de perder su parte en el caso de que las leyes de democracia participativa pasasen a valer de verdad.

Pero, de parte de Chávez, tampoco hubo una postura de enfrentamiento con la burguesía. Al contrario, conforme apunta Caruso, su respuesta a esas movilizaciones operarias y estudiantiles fue de buscar vaciarlas, y no de atender sus demandas, señalizando a las clases dominantes disposición en reconstruir el orden burgués en el país. Además, en esa época el gobierno también dio continuidad a una serie de medidas neo-liberales, inclusive manteniendo tecnócratas de las gestiones anteriores en puestos-llave del gobierno. Pero eso cambió al final del 2001, cuando Chávez usó un mecanismo de la nueva constitución (“leyes habilitantes”) para aprobar una serie de decretos sin el respaldo de la mayoría de lo legislativo. Esos decretos – en especial el de tierras, de pesca y de hidrocarburos – que tocaron en intereses de parte de la burguesía al realizar concesiones al proletariado y a los campesinos, y que fueron la detención para una tentativa de golpe, en el inicio del año siguiente. Tentativa que ya venía siendo gestada por sectores burgueses con amplio financiamiento de los EEUU desde que Chávez asumiera, en 1998 y que fue encabezado por la Fedecámaras, la central patronal venezolana.

Encarando que el gobierno Chávez representaba algo nuevo y positivo, las masas salieron a las calles en su defensa, y la mayor parte del aparato militar cerró las filas con los que demandaban la restitución del presidente. Cuando eso ocurrió, a pesar de que Chávez llamó a los golpistas para “dialogar” y, viendo en eso una señal de debilidad, la Fedecámaras lanzó una paralización que duró de diciembre del 2002 a febrero del 2003 y llevó al país a punto del colapso. La clase trabajadora reaccionó de forma vigorosa, ocupando varias empresas y poniéndolas nuevamente en funcionamiento, bajo gestión operaria, demandándole a Chávez que las nacionalizara. En ese mismo período ocurrieron ocupaciones de tierras por parte de movimientos agrarios, para redistribución de las propiedades. Esos eventos llevaron a Chávez a una mudanza hacia la izquierda. Hasta entonces, su gobierno poco presentaría de algo nuevo más allá de la retórica y de leyes que no fueron puestas en práctica, exprimiendo como estaba entre la intransigencia burguesa y la continua movilización proletaria, además de tener que lidiar con las varias presiones de los sectores fisiológicos del Polo Patriótico, que discordaban de la idea de democracia participativa por ver en ella una amenaza a su parasitismo en el Estado. Sin embargo, con el golpe y el “paro patronal”, él pasó a apostar sus fichas en las masas populares que salieron en su defensa.

A partir de ese momento, Chávez realizó una serie de concesiones a las demandas de las masas populares y pasó a dedicar una parcela creciente de la renta petrolera a programas redistributivos, las llamadas “misiones”. Al mismo tiempo, construyó redes de base para su MVR (batallones electorales, “círculos bolivarianos” etc.), a través de las cuales pasó a tutelar cada vez más los órganos de movilizaciones populares y proletarios surgidos a partir de 1989, vaciándolos preventivamente o también reprimiéndolos cuando amenazaban extrapolar el control estatal ejercido por intermedio de esa red. De esa forma, disminuyó su dependencia en los sectores fisiológicos del Polo Patriótico y construyó nuevas bases de sustento para su gobierno, al mismo tiempo en que fue reconstruyendo cierta estabilidad política en el país. Ejemplar de ese camino es el hecho de que pocas de las empresas ocupadas durante el “paro patronal” fueron nacionalizadas, como demandaron los trabajadores, y fue introducida en ellas la “cogestión”, como forma de permitirle a los propietarios a retomar el control, al menos parcialmente, a través de comités de gestión de empresa en los cuales tenían lugar representantes de la burguesía, del Estado y de los trabajadores.

A lo largo de los años siguientes, Chávez construyó un régimen claramente bonapartista, en el cual el ejecutivo tenía un papel enorme en la vida política del país y la máquina estatal fue utilizada para reconstruir una hegemonía burguesa, coordinando desde arriba los esfuerzos para que fracciones de la burguesía y de la clase trabajadora pasaran a integrar un nuevo consenso, como a través de la construcción, en el 2004, de una nueva central sindical, encabezada por la fracción dirigida por Nicolás Maduro, del MVR, en el interior de la CTV, de forma que rápidamente la antigua entidad y su burocracia unida a la AD se vio aislada. O a través de la creación de una nueva central patronal pro-gobierno, que con el tiempo logró aislar a la Fedecámaras.

En el 2006, al asumir su segundo mandato, el proyecto de Chávez de construcción de un nuevo orden asumió otros aires, como el anuncio del “socialismo del siglo XXI” como orientación oficial del gobierno y la transformación del Polo Patriótico en el PSUV (realizada de forma bastante centralizada desde el tope por la dirección del MVR, cabe resaltar). Anunciado en enero del 2005, en el 5º Foro Social Mundial, el proyecto del “socialismo del siglo XXI” se constituía en una fuerte retórica anti capitalista, que apuntaba el sistema como insustentable y necesario de ser superado. Tal superación se daría por una vía gradual, a través de la reducción de la desigualdad a través del uso de la renta petrolera para la redistribución de la renta y los programas sociales, y también de la construcción de una “economía social” que, a lo largo del tiempo, “se tragara” a la economía estatal y la privada. Esa “economía social” consistiría básicamente en un estímulo al cooperativismo, algo que el gobierno ya venía haciendo desde sus primeros momentos, como parte de una política de combate al desempleo y diversificación de la economía nativa (“desarrollo endógeno”). Pero, a partir del 2006, pasó a integrar ese proyecto de supuesta superación gradual del capitalismo y a recibir mucho más incentivo gubernamental, en la forma de financiamiento y cursos de formación, además la cuestión de la auto gestión pasa a asumir un lugar central en la retórica, junto a un ideal de “desarrollo sustentable”. El plan entonces pasó a crear redes de cooperativas que se transformaran auto suficientes y crecieran mucho más del ámbito local. Sin embargo, la mayor parte de las cooperativas creadas a partir del 2006 se transformaron en empresas privadas, o no consiguieron superar la dependencia de las verbas federales.

A ese aspecto económico del “socialismo del siglo XXI” se sumaba uno político, de pasaje gradual del poder de las instancias representativas para las participativas, lo que a la altura asumió la forma de los Consejos Comunales. Esos órganos unificaron varios organismos populares preexistentes, ligándolos al Estado, a través del financiamiento del ejecutivo federal para proyectos de instalación de escuelas, saneamiento, puestos de salud etc. Pero los Consejos acabaron perdiendo luego de solucionar las cuestiones más básicas, de forma que, en el 2007, Chávez lanzó la propuesta de transformarlos en Comunas, que unificarían todavía más a los organismos (como los Consejos Comunales y las redes de cooperativas) y tendrían poder de legislar y ejecutar, pasando por encima de los legislativos y ejecutivos locales, que deberían reconocer sus actos – algo que fue oficializado en aquel año por una nueva constitución. Las Comunas fueron presentadas como parte de un proyecto ambicioso de crear un Estado Comuna, en el cual el pueblo gobernaría de forma directa. De hecho, como concluye Caruso, a través de ellas hubo una descentralización del poder a nivel regional, pero, resalta tal historiador, su dependencia financiera en el ejecutivo federal lo llevó a una centralización en esa esfera y su incorporación al Estado burgués, de forma que no se convirtieron en un poder alternativo, como pregonaba la retórica bolivariana. Inclusive porque en su interior rápidamente se desarrolló una burocracia conservadora, frecuentemente ligada al PSUV, que era favorecida por el gobierno en términos de verbas y apoyo, en detrimento de aquellos elementos más contestadores y combativos. Se trató, en gran parte de una profundización de la “domesticación” de los frutos de la revuelta proletaria de los años 1980-90.

Pero estas contradicciones políticas “a la izquierda” no fueron la única fase del bolivarianismo a partir del 2006. En este mismo período, el gobierno dio inicio a la política de “empresas mixtas” en el área petrolera, lo que significaba que las petrolíferas extranjeras no actuarían más como “prestadoras de servicio” para la PDVSA, pero pasarían a ser socias minoritarias en subsidiarias controladas por ella. De acuerdo con el análisis de la socióloga Mariana Lopes (“Imperialismo y bloque en el poder en Venezuela. Ambigüedades del bolivarianismo de Chávez”, en Luchas & Resistencias, 2007), eso fue una forma de dar continuidad a las políticas neo-liberales para el sector petrolífero, una vez que el Estado asumía todo el riesgo de las operaciones de las subsidiarias, a través de la PDVSA, pero las empresas imperialistas participan de la división de los lucros. Fue eso lo que realmente ocurrió con las “renacionalizaciones” realizadas en el 2007 en la región de Orinoco, donde las petrolíferas imperialistas vendieron su parte al Estado y pasaron a actuar como socios de la PDVSA.

Además, conforme a análisis de Luis Lander y Margarita Lopez-Maya (“Novedades y continuidades de la protesta popular en Venezuela”, en Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, Caracas, vol. 12 , no. 1), con Chávez no hubo una ruptura en relación a la política “rentista” anterior, en el sentido de utilizarla para diversificar la economía y cerrar la dependencia en la renta petrolera, por más que eso fuese un objetivo constantemente reforzado por el gobierno. Manuel Sutherland (El capitalismo rentista, análisis empírico de la renta petrolera y el “intento” de construcción del socialismo del siglo XXI en medio de la crisis del sistema capitalista, Caracas Alem, 2012) apunta, en ese sentido, cómo las importaciones ultra pasaron en más del doble a las exportaciones entre el 2003-2012, configurando una “disputa redistributiva” que significó la captura de la mayor parte de la renta petrolera por parte de la burguesía nativa, sin incremento en la producción.

De ahí es posible comprender la luna de miel que Chávez consiguió establecer con los capitalistas nativos e imperialistas entre el 2006 y el 2012, a pesar de toda la retórica “socialista” y de una serie de concesiones bastante palpables a la clase trabajadora, especialmente en la forma de políticas de redistribución de renta, que sacaron una gigantesca masa de la miseria. Apoyándose en un aparato ejecutivo súper poderoso y en un partido centralizado, fue capaz de controlar la furia popular e integrarla a las instituciones burguesas mediante promesas de una transición gradual al socialismo, reconstruyendo una hegemonía burguesa en un país que pasó casi una década en convulsión (no es raro recurriendo a la represión policial de sus opositores en el movimiento obrero), al mismo tiempo en que elevó el lucro de sectores capitalistas y creó nuevas redes patronales como forma de garantizar su fidelidad. No es por nada que después del fracaso del golpe del 2002, las subsecuentes ofensivas de la oposición burguesa se mostraron bastante aisladas, tanto en el ámbito parlamentar, como en las calles.

A lo largo de su gobierno, fueron muchas las organizaciones que se reivindican socialistas revolucionarias que se entusiasmaron con el bolivarianismo y el “socialismo del siglo XXI”, aceptando como válida a la “vía chavista” al socialismo, o viendo en el chavismo algún tipo de punto de apoyo para una revolución futura. Eso se expresó inclusive entre muchas organizaciones trotskistas. Tal vez el caso más notorio sea el de la Tendencia Marxista Internacional, cuyo líder, Alan Woods, actuó como “consejero político” de Chávez por muchos años, apostando que él sería capaz de transformar a Venezuela en un Estado obrero a través del control del ejecutivo y del legislativo y de un llamado a la movilización de las masas (ver The challenges facing the Venezuelan Revolution, de septiembre del 2007: https://www.marxist.com/challenges-facing-venezuelan-revolution050907.htm). Otro grupo de la tradición trotskista que se animó enormemente con Chávez, saludando sus medidas y confiriéndole apoyo, fue el Secretariado Unificado, que desde los años 1980 adoptó una estrategia de socialismo a través de reformas graduales, y solía ver un proceso de transformación socialista en curso en Venezuela (ver The Challenge of Socialism in the 21st Century, de mayo del 2007: http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article1269). Hasta algunos grupos de apariencia más ortodoxa fueron en algún momento al arrastre del chavismo, como la Liga Bolchevique Internacionalista del Brasil (https://rr4i.milharal.org/2013/04/08/a-lbi-capitula-ao-chavismo-nas-eleicoes-venezuelanas/), por su apoyo a la elección de Nicolás Maduro en el 2013.

Entre las pocas organizaciones que nadaron contra la marea de capitulación al bolivarianismo y su proyecto de conciliación de clases y contención de la revuelta proletaria, consta la hoy degenerada Tendencia Bolchevique Internacional, cuyo legado programático nosotros los del Reagrupamiento Revolucionario reivindicamos críticamente y que, ya en el 2005, fue capaz de presentar con precisión las limitaciones del proyecto de supuesta transición gradual al socialismo reivindicado por Chávez:

“Hay una contradicción profunda y fundamental entre los intereses de los que poseen y controlan los resortes económicos fundamentales—la burguesía venezolana y sus patrones imperialistas—y la masa de la población. En algunas circunstancias, a los capitalistas puede obligárselos a hacer concesiones; pero, siempre y cuando el estado burgués siga intacto, los beneficios de los trabajadores pueden ser fácilmente abolidos cuando la relación de las fuerzas cambia.

…

“Con sus promesas irrealizables de promover simultáneamente los intereses de los pobres y el de las pirañas financieras imperialistas a través de una forma de desarrollo “endógeno” más inclusivo y socialmente responsable, Chávez, involuntariamente, sin duda, está ayudando a sentar las bases para que las fuerzas de derecha, cuando resurjan en el futuro, se cobren una venganza sangrienta.

…

“[…] El experimento ‘Bolivariano’ sólo puede ser un interludio temporal. Hay sólo dos caminos, en la Venezuela de hoy—o la clase trabajadora sigue adelante y expropia a la burguesía (liquidándola así como clase) o los capitalistas aplastarán al proletariado. No hay ninguna opción de centro, ni ‘tercera vía’.”

– Venezuela: Estado y Revolución, 1917 no. 28, 2006

https://rr4i.milharal.org/2014/09/26/venezuela-estado-y-revolucion/

Hoy, de hecho, el proyecto bolivariano se encuentra en colapso completo. Con la caída de los precios internacionales del petróleo, el dinero se secó y Maduro dio inicio a una serie de proyectos de austeridad, que han erosionado su apoyo entre las masas y abrieron espacio para la actual nueva ofensiva de la oposición burguesa, que demuestra una fuerza mucho mayor de lo que jamás había conseguido desde la elección de Chávez en 1998. El marxismo no es una “bola de cristal”, pero es lo que mejor tenemos para iluminar la compleja realidad y trazar los caminos posibles de emancipación de la clase trabajadora. Al seguir el arrastramiento del proyecto bolivariano – “críticamente” o no – la mayor parte de las organizaciones socialistas no fueron capaces de anticipar el escenario actual, pues se recusaban a ver tanto lo que buscaba Chávez, conciliar intereses fundamentalmente antagónicos, lo que necesariamente no podría sustentarse a largo plazo, como lo que en última instancia él atendía a los intereses de la gran capital, dado que no tocó en el fundamento “sagrado” de la propiedad privada ni nunca apuntó eso como un norte. Con eso, aquellos grupos con presencia en los movimientos sociales venezolanos no fueron capaces de armar la clase trabajadora para el necesario enfrentamiento con la burguesía, habiendo permitido que sus instrumentos de lucha y organización, construidos desde los años 1980, se convirtieran en apéndices del ejecutivo chavista y cayeran en las manos de la burocracia del PSUV.

Las respuestas de la izquierda a la actual crisis

Ante el crecimiento de la oposición burguesa en el vestigio de la caída de la recaudación estatal, y de la erosión de las propias bases del bolivarianismo – como en el surgimiento de un sector de oposición al gobierno Maduro, auto-nombrado “chavismo crítico” – Maduro ha profundizado de sobremanera los trazos bonapartistas del régimen construido por Chávez. Conforme apuntó reciente el reportaje de la A Pública (http://apublica.org/2017/06/venezuela-sem-fake-news/), en los últimos años, la presencia de las fuerzas armadas en la economía y en la política aumentó enormemente, estando los militares en posesión de 11 de los 32 ministerios y poseyendo la gestión de una serie de empresas estatales. En cambio, ellos han sido fieles a la protección de Maduro, como en su actuación en el “Plano Zamora”, que, como apuntó el reportaje de la BBC, básicamente instituyó un régimen de excepciones en ciertas partes del país, con la movilización de la “Guardia Nacional Bolivariana” (una guardia pretoriana, directamente ligada al ejecutivo) y de la policía para combatir un “enemigo interno”, y con la posibilidad de juzgar civiles en tribunales militares. (ver http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-39852853).

Es con el apoyo de este sector que Maduro que se ha enfrentado con la oposición burguesa reunida alrededor de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la cual ganó la mayoría en las elecciones para el legislativo nacional del año pasado y que muy probablemente habría desbancado al PSUV en las elecciones de los gobiernos regionales, originalmente previstas para noviembre pasado, pero que fueron suspendidas por tiempo indeterminado. (ver https://brasil.elpais.com/brasil/2017/02/10/internacional/1486765279_008282.html) Confiado en sus fuerzas, la MUD, que ya tuvo varios líderes presos o impedidos de dejar el país, intentó cautivar un nuevo procedimiento revocatorio – como el que realizó en el 2005 contra Chávez y en el cual fue derrotado – pero la justicia electoral creó todo tipo de confusiones para invalidar su convocación. Luego de una tentativa fracasada de diálogo, impulsó en los últimos meses, un giro de la oposición burguesa a salir a las calles, convocando masivas protestas, que han sido violentamente reprimidas, con un saldo de muertes que ya rodea a una centena.

Pero, diferentemente de lo que argumentan los que apoyan a Maduro en la izquierda, no es apenas la oposición burguesa la que ha sufrido con la ascensión autoritaria. El gobierno de Maduro intervino recientemente en las elecciones sindicales, suspendiéndolas a pedido del PSUV, temeroso de perder espacio ante sectores opositores combativos, y ha reprimido con violencia y prisiones de líderes de esos sectores. (ver http://www.esquerdadiario.com.br/Venezuela-O-Estado-esta-intervindo-nas-organizacoes-sindicais)

Con el aumento de las tensiones, prácticamente cada semana surge un nuevo hecho espectacular, como el intento de la suprema corte de cerrar las actividades del legislativo y pasar a actuar en su lugar – corte que fue compuesta por indicaciones hechas en el encerramiento de la legislatura anterior, de forma de ser sólidamente pro-Maduro, y protegida por leyes aprobadas también en ese momento para que la nueva legislatura oposicionista no pudiese alterar su composición (ver http://g1.globo.com/mundo/noticia/tribunal-revoga-decisao-de-intervir-no-parlamento-venezuelano.ghtml). O la actual caza a la procuradora general, que se declara “chavista crítica” y viene denunciando el creciente autoritarismo de Maduro y sus aliados, y que está impedida de dejar el país y en la mira de acusaciones de corrupción convenientemente descubiertas apenas ahora (ver https://brasil.elpais.com/brasil/2017/06/29/internacional/1498698191_497160.html). O todavía, del lado de la oposición burguesa, la reciente entrada en escena de elementos de las fuerzas armadas, que, liderados por un oficial de la aeronáutica, robaron un helicóptero y atacaron el edificio de la Suprema Corte. (ver https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2017/06/27/helicoptero-dispara-contra-supremo-na-venezuela-maduro-fala-em-atentado-terrorista.htm)

La más reciente medida de Maduro y de sus aliados para revertir la escalada oposicionista, fue la convocatoria de una Asamblea Constituyente “popular”, sumado a un tercer aumento del salario mínimo en este año, el cual se encuentra profundamente desvalorizado como fruto de una galopante inflación (ver http://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,maduro-aumenta-pela-terceira-vez-em-2017-o-salario-minimo-na-venezuela,70001874735). La composición de esa constituyente no se daría por elecciones generales, pero sí por delegados escogidos en los Consejos Comunales, hoy rígidamente controlados por el PSUV. (ver http://brasil.elpais.com/brasil/2017/05/01/internacional/1493674085_087716.html?id_externo_rsoc=FB_BR_CM) Claramente se trata de una tentativa de liquidar la presencia de la oposición burguesa en el parlamento y dar todavía más autonomía al ejecutivo, reforzando su carácter bonapartista. Hoy, inclusive, ya existe un “Parlamento Comunal”, compuesto por delegados de esos consejos, y completamente aliados al gobierno Maduro (ver http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151216_venezuela_parlamento_comunal_claves_dp). La constituyente “popular” no pasará, por lo tanto, de una reedición de ese órgano, pero con más poderes.

Ante este cuadro de grave crisis política, ¿Cuáles han sido las respuestas de la izquierda socialista venezolana, en particular del sector que reivindica el trotskismo? Una de las principales fuerzas en este campo es la Marea Socialista. Principal corriente del extinto agrupamiento internacional Movimiento, que hoy se encuentra disuelto al interior del prácticamente inexistente Secretariado Unificado, este grupo hasta hace pocos años atrás era parte del PSUV, apoyando al gobierno Chávez. Desde el 2014, sin embargo, se retiró del partido gobernante y se lanzó en la construcción del bloque político “Plataforma del Pueblo en la Lucha y del Chavismo Crítico”. Por “chavismo crítico” se entiende como una oposición al gobierno de Maduro, por ver en sus proyectos de austeridad, su refuerzo de las “cúpulas” – en especial del peso de los militares en el régimen –, su mayor aproximación con capitales internacionales y las constantes y crecientes violaciones del régimen democrático, una traición del proyecto bolivariano. Más específicamente, el “chavismo crítico” reivindica la última de las muchas “auto-críticas” hechas por Chávez, en octubre del 2012, antes de su alejamiento del poder y posterior muerte, en la cual él, una vez más, reconoció que el país no estaba caminando hacia una “transición socialista”, y que se hacía necesario hacer cambios – un golpe de timón, cambios bruscos en el timón del barco, para cambiar su dirección, según él mismo. (ver http://portaldelaizquierda.com/2016/08/construir-desde-chavismo-una-oposicion-a-la-izquierda-del-gobierno/)

En oposición a la MUD – que correctamente denuncian como una fuerza política reaccionaria – la principal posición de la Marea Socialista ha sido, coherente con la lógica del “chavismo crítico”, la contraposición al gobierno de Maduro a la defensa de la Constitución Bolivariana, la “Constitución de Chávez”, según sus artículos. Desde esa posición, apuntan que el proyecto de Maduro, de convocar a una constituyente de aliados del gobierno, muy probablemente servirá para legalizar retrocesos políticos y sociales en relación a la actual carta. Pero, se limitan a la defensa de la constitución burguesa anterior. (ver http://portaldelaizquierda.com/2017/05/editorial-21-de-marea-socialista-frente-a-la-falsa-constituyente-referendo-consultivo-y-apego-a-la-constitucion-del-99/). Se trata, por lo tanto, de una posición legalista burguesa, incapaz de traer cambios profundos al proletariado – lo que demandaría ir más allá del régimen capitalista – y que, todavía peor, busca el rescate y manutención del proyecto de conciliación de clases y la supuesta transición gradual al socialismo de Chávez, en un escenario económico en el que “la luna de miel” que él construyó con la oposición burguesa entre el 2006 y el 2013, claramente ya no es más viable.

Correctamente, la Marea Socialista denunció la reciente tentativa de golpe del supremo y se opone a las tentativas de golpe de la MUD, poniéndose como oposición tanto al gobierno, como a sus adversarios burgueses – los cuales a veces, hasta les iguala. Pero, por su apego a una concepción reformista de socialismo, el despecho de su retórica enrojecida, falla en trazar una línea de independencia de clase en este momento crítico, que ponga la acción independiente de los trabajadores y un proyecto revolucionario al centro de su programa. Su organización hermana en el Brasil, el MES (en el PSOL) sigue la misma línea, reproduciendo las ilusiones de la Marea Socialista en el proyecto bolivariano y en la “Constitución de Chávez”, y defendiendo “llamar al pueblo a decidir” como una solución a la actual crisis, diseminando ilusiones en el método plebiscitario, como si fuese una forma real de poder de los explotados y oprimidos bajo el capitalismo. Esta ilusión es nítida en el discurso de Luciana Genro, que piensa que en el gobierno Chávez se avanzó en el “empoderamiento y la organización de la mayoría de la población” – cuando lo que ocurrió, conforme visto, fue la “captura” por el Estado burgués de organismos de auto-gestión popular existentes antes de la llegada de Chávez a la presidencia, y la creación preventiva de nuevos organismos, bastante tutelados. (ver http://esquerdasocialista.com.br/chamar-o-povo-decidir-e-relancar-transformacao-social/)

Ya las organizaciones que reivindican en Venezuela el legado morenista padecen de otro desvío. Se trata de la Unidad Socialista de los Trabajadores (UST), sección simpatizante de la Liga Internacional de los Trabajadores (LIT-CI/PSTU en Brasil) y del Partido Socialismo y Libertad (PSL), sección venezolana de la Unidad Internacional de los Trabajadores (UIT-CI). Estas correctamente se oponen al proyecto de colaboración de clases del chavismo (aunque la UST integre la “Plataforma del Pueblo en Lucha y del Chavismo Crítico”), y se oponen al gobierno Maduro, que caracterizan de “bonapartista” y “semiditatorial”, respectivamente.

Sin embargo, guiadas por la lógica mecánica desarrollada por Nahuel Moreno – según la cual las revoluciones socialistas deben ser precedidas por “revoluciones democráticas”, protagonizadas por masas amorfas bajo el punto de vista de la división de clases y lideradas por no importa qué programa y qué fuerzas políticas (ver https://rr4i.milharal.org/2016/06/18/1894/) – los dos grupos ven en las protestas de las calles convocadas por la MUD, parte de una “revolución nacional”. En el caso del PSL, afirman que se trata de una “gran rebelión democrática”, al paso que la UST denunció una “traición” de parte de la MUD cuando, algunos meses atrás, algunos sectores optaron por no insistir más en el referendo revocatorio y marchas de calles y han preferido abrir diálogo con Maduro. La UST/LIT, aunque esté un poco más “independiente”, al no participar de todas las acciones convocadas por la MUD, concuerda que, si esta quisiera efectivamente derrumbar a Maduro, sería válido participar conjuntamente de ese intento: “Seguramente muchos compañeros opinarán que con la MUD sacaremos a Maduro y después podremos luchar más fácilmente. Eso podría ser así, si la mayoría de la MUD se propusiera derrocar al gobierno. Pero por el momento sus principales voceros aclaran que buscan ‘negociar una transición’.” (ver https://litci.org/es/especial/crisis-del-chavismo/venezuela-no-vaya-a-votar-el-30-de-julio-por-la-ilegal-y-fraudulenta-constituyente/)

Coincidiendo en una línea de agitación de “Fuera Maduro!” – un grave error en un momento en el cual el único sujeto social y político capaz de realizar esta demanda es la oposición burguesa y la MUD – estas dos organizaciones sin embargo, divergen en sus “soluciones de fondo” para la crisis. La UST/LIT apuesta a la convocatoria de una “huelga nacional para sacar este gobierno, y poner un gobierno de los trabajadores y del pueblo”. (ver http://www.pstu.org.br/venezuela-fome-e-miseria-ate-quando/) Pero agitar un llamado como este, como tarea inmediata cuando la clase trabajadora se encuentra aguada y políticamente desorientada es puro voluntarismo. Y un voluntarismo que, sumado a las ilusiones en la posibilidad de derrumbar al gobierno conjuntamente con la MUD, solo puede servir para confundir el programa del gobierno revolucionario de los trabajadores con la campaña de la oposición burguesa derechista, desmoralizándolo ante el proletariado venezolano. Ya el PSL/UIT, de forma más coherente con el canon morenista de la “revolución democrática”, une sus participaciones a las marchas y acciones de la oposición burguesa con un llamado a una Asamblea Constituyente – y atribuye a este órgano burgués la tarea de “decidir todo”. (ver http://www.uit-ci.org/index.php/donde-encontrarnos/venezuela/1144-venezuela-repudiamos-las-sentencias-del-tsj-que-profundizan-la-restriccion-a-las-libertades-democraticas y http://laclase.info/content/marea-socialista-no-convoca-a-derrotar-a-maduro/)

Uno de los pocos grupos que mantiene una línea que realmente puede ser llamada de independencia de clase ante el choque bolivariano (“crítico” o no) versus la derecha burguesa, es la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS), sección venezolana de la Fracción Trotskista (FT-CI, PTS de Argentina y Red Izquierda Diario). Este grupo denuncia tanto el recrudecimiento autoritario del gobierno Maduro, que reconoce estar convirtiéndose cada vez más “bonapartista”, como la tentativa hipócrita de la oposición burguesa de presentarse como defensora de la democracia, y defiende como potencial solución, la formación de un frente único de los partidos, organizaciones y movimientos sociales que son de la oposición de izquierda a Maduro, como forma de erguir un tercer polo político en el actual escenario, uno que sea de la clase trabajadora. Sin embargo, la LTS llama a una Asamblea Constituyente para “ir al fondo de los problemas y del ejercicio de la ‘voluntad popular’” (y denuncian la convocatoria de Maduro como llamado a aliados al gobierno. De esta forma, diseminan ilusiones en la democracia burguesa, ahora atribuyéndole a un órgano burgués, las tareas de un gobierno revolucionario de los trabajadores, ahora viendo en su convocación un paso previo necesario para la defensa de un gobierno de este tipo, para que los trabajadores “hagan la experiencia” con la democracia burguesa (como si ya no la conociesen hace años). Y este no es un desvío exclusivo de la LTS, pero sí, un programa que se convirtió en una verdadera “receta” para el conjunto de la FT-CI en los últimos años. (ver https://rr4i.milharal.org/2016/05/16/la-demanda-de-la-asamblea-constituyente-de-la-fraccion-trotskista-mrt/). El carácter de “etapismo” en este programa se evidencia por las citaciones a seguir:

“… para favorecer una salida independiente a favor de los trabajadores, se plantea la necesidad de una verdadera Asamblea Constituyente Libre y Soberana que ataque el avance bonapartista y antidemocrático, que supere la forma de representación de la Asamblea Nacional (que no es proporcional y sobre representa a la primera fuerza), que elimine la injerencia de las FANB en la vida económica y civil y su intervención represiva en el orden interno. Pero fundamentalmente una Constituyente Libre y Soberana donde se discuta la resolución efectiva de todas las demandas económicas, democráticas y sociales del pueblo trabajador y que revierta las medidas de entrega de los recursos nacionales al imperialismo.”

— Maduro convoca Constituyente a su medida para fortalecer su giro bonapartista
http://www.laizquierdadiario.com.ve/Maduro-convoca-Constituyente-a-su-medida-para-fortalecer-su-giro-bonapartista?id_rubrique=5442

“Una Asamblea así sólo se puede conquistar mediante la movilización, ligándola al conjunto de las demandas obreras y populares para responder a la crisis. En el camino de esa lucha los propios trabajadores y sectores populares pueden hacer su experiencia con las ilusiones que puedan tener que con esta “democracia” donde los de abajo no tenemos ningún poder real. Este proceso podría acercar a los trabajadores a la convicción de que la única solución de fondo es tomar en sus propias manos las riendas del país, instaurando un gobierno propio de los trabajadores y el pueblo pobre, basado en las organizaciones de lucha, el único gobierno capaz de resolver íntegramente las tareas democrático-estructurales, como la dependencia y la liberación del dominación imperialista, y abrir el camino a la construcción de una verdadero socialismo, sin capitalistas, terratenientes ni explotación.”

– Declaración política ante la crisis en Venezuela
http://www.laizquierdadiario.com/Declaracion-politica-ante-la-crisis-en-Venezuela

¡Por un programa clasista y socialista revolucionario!

Puede verse, por lo tanto, que las principales organizaciones a la izquierda del gobierno Maduro en el campo del trotskismo no defienden un programa ni una estrategia de independencia de clases coherente con el socialismo revolucionario. Eso por más que algunas asuman posicionamientos consistentemente contrarios a los dos polos burgueses, como la LTS, pero con una propuesta política de fondo, restricta a los límites del Estado burgués. Para una organización pequeña y distante de los eventos en debate, es muy difícil (e incluso no recomendado) trazar posiciones para cada aspecto secundario de la intrincada crisis venezolana que sigue en curso. Pero estar distantes no puede impedirnos, como internacionalistas que somos, de trazar una línea general que reconocemos como correcta, y de llamar a los camaradas honestos de las organizaciones socialistas venezolanas a reflexionar sobre la adecuación de esa línea.

Es consensual entre los grupos antes mencionados que el gobierno Maduro actúa en pro de sectores de la burguesía nativa e internacional / imperialistas, y que apuesta cada vez más a la militarización de la política y a la auto-nominación del ejecutivo y del judiciario, como forma de blindarse tanto de la oposición burguesa, como de la oposición de izquierda – por lo tanto, un régimen cada vez más bonapartista-burgués. Debemos denunciar y combatir activamente toda y cualquier injerencia y medida represiva de este gobierno contra los movimientos sociales, organizaciones y partidos del proletariado. Es urgente que se levante un frente de luchas para contraponerse a sus ataques económicos a las condiciones de vida de la población trabajadora, en la forma de un frente único de las organizaciones político-partidarias y de los movimientos sociales, comenzando por aquellos sectores que ya se encuentran movilizados de alguna forma, rumbo a un frente de dimensión nacional. Un frente orgánicamente vinculado a las luchas, con el compromiso de que las organizaciones articulen conjuntamente a la movilización y con democracia para que las diferentes estrategias se expresen de forma de un debate fraterno, sería capaz de inserir el proletariado como sujeto independiente en el escenario político, y presentar una alternativa política, que involucre la defensa de los derechos democráticos, de los empleos y salarios y de los programas sociales que la burguesía tuvo que conceder a lo largo de los años de gestión chavista.

Pero, para realizar tal tarea, es imprescindible que no haya ninguna ilusión en las marchas de la oposición burguesa. Por más que su demagogia pro-democrática sea capaz de movilizar sectores de la población trabajadora y los escalones inferiores de las clases medias, no pasa de eso: demagogia. Los sectores que hoy encabezan esa marcha son notorios representantes del gran capital nativo y estadounidense, y buena parte de ellos estuvo en alguna medida involucrado en el golpe fracasado del 2002. Es necesario rechazar y dejar esos sectores al descubierto, para que los explotados y oprimidos no sean engañados por sus discursos hipócritas. Obviamente eso no tiene cómo ser realizado sin que se critique también y con firmeza al gobierno Maduro, sus ataques a la clase trabajadora y a los derechos democráticos. Pero eso no será hecho integrando y “disputando” las marchas de la MUD o colaborando con ella en una caída de Maduro, como los morenistas UST y PSL parecen creer posible, pero sí, organizando a la clase trabajadora, para que se presente como una alternativa en el actual escenario. En el próximo período, los trabajadores deben luchar contra cualquier tentativa de golpe orquestada por la MUD, que ha recibido apoyo logístico y financiero del imperialismo estadounidense.

Los socialistas revolucionarios defenderían, además de eso, una serie de demandas de tipo transitorio, que unan las necesidades más inmediatas de la clase trabajadora y de los oprimidos con una lucha socialista, tales como expropiación sin indemnización de las empresas que despidan alegando falencias, reducción de la jornada de trabajo sin reducción de salario hasta bajar el desempleo a cero, reajuste automático del salario de acuerdo con la inflación, salario mínimo vital, igual salario para igual trabajo, expropiación de los inmuebles ociosos y distribución a familias sin-techo o en condiciones de vivienda de riesgo.

También defenderían, sumada a esas demandas, la perspectiva de fondo, de que apenas un gobierno revolucionario de los trabajadores de hecho puede resolver de una vez por todas las corrupciones que afectan al pueblo trabajador venezolano, y que este gobierno debe ser erguido a través de una ruptura revolucionaria con el Estado burgués, y no ser construido “gradualmente”, a través de acciones de gobiernos “progresistas” que ocupan este Estado. Pues lo que hacen tales gobiernos es inmovilizar a la clase trabajadora y sus organizaciones, reprimiendo los sectores oposicionistas e integrando los demás a la institución burguesa – y retórica “rojiza”, ni diversos programas de reducción de la desigualdad social, son capaces de eliminar el hecho de que fue eso lo que hicieron Chávez y su bolivarianismo: calmar a la clase trabajadora después de la crisis de hegemonía abierta con el caracazo, propagando una agenda de conciliación de clases. Por lo tanto, es fundamental un acierto de cuentas de la izquierda venezolana con el chavismo, diciendo claramente lo que significó, en vez de buscar hacer un “rescate” de su utópico proyecto de transición gradual al socialismo – “rescate”, además, que convenientemente “olvida” todos los ataques hechos por Chávez a la autonomía del movimiento operario y a la independencia de clase, como si eso fuese una “novedad” bajo Maduro.

La actual crisis es trágica, pero abre la oportunidad de que la clase trabajadora venezolana vaya más allá del chavismo y pautar su auto-emancipación revolucionaria. Cualquier organización que ponga obstáculos a esa posibilidad, sea en la forma de ilusiones en el bolivarianismo; sea no alertando el peligro de las articulaciones de la MUD y del imperialismo; sea en la forma de ilusiones en las instituciones burguesas (como las de una Asamblea Constituyente); no es digna de reivindicarse socialista revolucionaria.